por Sergio Antonio Herrera, desde Salinas, Uruguay - @DelPDA

Desde un primer momento fuimos de los muy pocos que seguimos de cerca lo que en esa oportunidad calificamos como "Hotelazo" y hasta el día de hoy, somos los únicos que no hemos dejado de investigar y fundamentalmente de informar y de expresar nuestra opinión.

Por el camino quedaron algunos dirigentes empresariales de la hotelería que debieron dejar de involucrarse porque así se lo exigieron sus propios asociados en otros rubros, como el de la comunicación, a causa de las presiones del lobby de los emisores.

Por el camino quedó el proyecto  de ley de 42 artículos redactado por Julio Facal a instancias de diversas cámaras y centros de hoteles del interior, presentado por los diputados Daniel Peña y Gonzalo Mujica (entonces el primero en el Partido Nacional y ahora con Novick y el segundo en el Frente Amplio, ahora a la intemperie) y aprobado a mediados de 2012 por la Cámara de Diputados y "encajonado" por la presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado a cargo de Rafael Michellini respondiendo al lobby de los emisores.

Por el camino quedó nuestra información y opinión a nivel radial porque así nos lo "sugirió elegantemente" la dirección de la emisora en la que teníamos el programa dominical "ya que más de la mitad de los avisadores son los emisores de tarjetas" -o sea los bancos-. Fue al día siguiente de nuestros comentarios iniciales a este respecto, del programa del 15 de julio de 2012. Si nos hacen caso, ya que están, si entran a escuchar, de "yapa" les sugerimos que oigan el editorial de ese día, a 10 días del cierre de Pluna...

Por el camino quedó la atención del público en general, -nosotros incluídos- anestesiados por la presión mediática a favor de la bancarización y TODOS nos olvidamos por ejemplo de aquella vieja buena costumbre que establecía la obligatoriedad de anunciar en las vidrieras y en los avisos publicitarios el PTF, Precio Total Financiado...¿lo recuerdan?.

Es tan perversa la acción del actual gobierno en sociedad con los bancos que ya trasciende al ministerio de Economía y Finanzas o al propio Banco Central y vemos por ejemplo insólitamente a la ministra de Turismo Liliam Kechichian el lunes pasado en la sede de la Liga de Punta del Este, molesta por escuchar muchas verdades en una reunión empresarial en la que no debería seguir participando -al menos en la mesa principal y mucho menos cerrando el evento-, enojarse indisimuladamente por la argumentación expresada por el asesor de la Cámara Uruguaya de Turismo Julio Facal en relación al abusivo tratamiento de los emisores con los comerciantes y en su discurso final reclamarle a los empresarios, en su casa, en su evento, que no le agradecieron la devolución del IVA a los turistas que dispuso el gobierno a partir de 2012 para fomentar el turismo de los argentinos principalmente, para apaciguar las medidas impiadosas para el Uruguay del también gobierno "progresista" argentino de entonces, en manos de los Kirchner. No contenta con ello y fiel a su estilo "de ojo por ojo y diente por diente", declaró ante los medios presentes en relación a la devolución de IVA como si el sector turístico tuviese la culpa de lo que ellos mismos instrumentaron, solitos, sin presiones. Esas declaraciones, fueron posteriormente señalads en El País como "amenaza" del gobierno que aprovecharía que en abril finaliza el plazo del decreto para no renovarlo. Como damos cuenta en Kechichian y devolución por IVA. amenaza pero no...  "en el ojo por ojo" la ministra deja una clara impresión que es muy fina, demasiado, la línea que puede existir entre amenaza y advertencia. También queda claro que no hay argumentos para contrarrestar la exposición de Facal que es la voz de los comerciantes.

Antes de pasar a compartir la transcripción o interpretación del audio que publicamos al final de este artículo (entrevista de FM Gente a Julio Facal), queremos anticiparnos a posibles comentarios de los dictadores de la web en sus ya conocidas argumentaciones del estilo "Tout va très bien madame la marquise", que la inmensa mayoría de los comerciantes que actúan en el turismo son pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de más del 90% del espectro general, quienes a su vez son quienes emplean también a la inmensa mayoría de esos 100 mil puestos de trabajo de los cuales se ufana el gobierno en reiterar otorga el turismo.

Vean como es la realidad que se da en la práctica en el relacionamiento de un monopolio ejercido por los bancos en alianza, ni más ni menos que con el gobierno del Frente Amplio, el cual los uruguayos votaron (nosotros incluídos) alguna vez como una fuerza progresista que venía a establecer que pague más el que tiene más. Claro no nos advirtieron que ellos se iban a aliar con los que ganan más y que iban abregar para que fuera ley todo aquello que les favoreciera a los bancos.

Facal en FM Gente, reiterando y ampliando lo dicho el lunes 13 en la Liga de Fomento

Quienes cambian las reglas de juego son las entidades de intermediación financiera (bancos) quienes están en la actualidad manejando este negocio. Antes eran privados, los originales propietarios y el costo de las operaciones se repartía entre los comerciantes y los usuarios.

Pero una vez que entran a manejar la cosa los bancos y en aras de fidelizar a sus clientes comienzan a lanzar promociones los martes, los miércoles, los jueves, un 30% acá otro 30% por allá, buscando que el cliente pague cada vez menos.

Hoy en día el negocio es manejado por un monopolio de hecho de cuatro o cinco emisores que han carterizado y corporatizado las condiciones que le imponen a los comerciantes y estos no pueden zafarse del sistema, no pueden salir porque evidentemente el que no vende con tarjeta está condenado a muerte ya que no hay un elemento que en el mercado sustituya a la tarjeta. Por tanto los comerciantes si o sí deben adecuarse a las condiciones impuestas.

¿Cuáles son esas condiciones? bueno, están en el contrato.
Por ejemplo, no pueden hacer promociones de contado; no pueden discriminar; los aranceles; el diferimiento en los pagos; si la operación es en cuotas, le descuentan al comercio la comisión en la primera cuota.

Aceptar hoy el pago con tarjeta de crédito -más allá que los aranceles han bajado del 8,9 o 10% al actual 4,9% -que sigue siendo el arancel más alto de la región- y aceptar ese modo de pago no se circunscribe apenas al arancel, sino que hay que sumarle todo el proceso administrativo adicional lo que eleva ese costo aproximadamente a más del 10%.

En el caso de las estaciones de servicio donde los márgenes son más estrechos y también son más chicos los aranceles, el porcentaje del negocio que hoy se llevan los emisores es muy grande para los estacioneros y esa es la causa que aunque haya sonado antipático les llevó a decir "bueno, yo soy dueño de mi comercio, para mí este medio de pago es caro, no lo quiero aceptar y voy a privilegiar el contado".

La ley de inclusión financiera agrava aún más el problema porque el artículo 64 -el que ahora fue modificado pues se presentó un recurso de inconstitucionalidad porque había una cláusula que

impedía que el comerciante no tuviese la posibilidad de decidir de aceptar o no el pago con tarjeta-, ahora dice "en caso de aceptar". De todas maneras la ley sigue siendo compleja porque después de "en caso de aceptar" dice que el comerciante no puede discriminar el costo entre contado y crédito. Eso es absolutamente ilegal. Primero porque es un sistema de pago privado, segundo porque tiene un costo, el comerciante tiene el derecho a decir yo no acepto o yo no quiero o yo establezco un mínimo, ya que hay compras que por debajo de ese mínimo no sirve aceptarlas.

Por ejemplo a los quiosqueros, las recargas de celulares de ANTEL les deja una comisión del 3,5% y ellos deben pagar un arancel del 4,9%, es claramente deficitario.

Los comercios no son ONG´s por ello se entiende que la norma es ilegal y también es ilegal que salga Defensa del Consumidor a establecer que quien discrimina contado de crédito está infringiendo la ley ya que no hay ninguna norma que lo establezca. La columna vertebral de la Ley de Defensa del Consumidor es el derecho a la información. Si el comerciante informa debidamente al consumidor, éste va a ingresar al comercio sabiendo que va a tener un costo asociado al medio de pago que para ese comerciante también lo tiene y si lo informa, no infringe la norma.

El comerciante no tiene que soportar en soledad el costo de la bancarización. Si se quiere bancarizar a una población y las tarjetas no tuvieran costo para el comerciante o si éste fuese razonable, no tendrían ningún problema en aceptarlo. Las partes deben sentarse a negociar. Tenemos al usuario que no tiene costos; al emisor que es el que cobra los aranceles y al comerciante que es el que los paga. O bien ese costo se divide entre las tres partes o habrá que rebjarlo considerablemente porque es injusto e ilógico que sólo una de las partes deba financiarlo, en este caso el comerciante.

Se ha dicho que los comerciantes perjudican al turismo ¿por qué se dice que son ellos? ¿acaso no lo son en primer lugar los emisores que son los que fijan aranceles abusivos. En todo caso, si tanto le molesta al gobierno que por ejemplo estacioneros no acepten pago con tarjetas de crédito, ¿por qué no subsidia esas operaciones durante la alta temporada?.

Es tan complejo el tema que por ejemplo un decreto acaba de establecer que por razones de seguridad las estaciones de servicio no van a aceptar dinero por la noche. ¿Qué les queda? aceptar un costo adicional asociado a un modo de pago único.

Entonces el costo de la seguridad, el costo de la bancarización, el éxito o el fracaso del turismo, todo recae en el comerciante que es la parte más débil de este contrato ya que no está protegido como si lo están los emisores o los propios usuarios por las normas del Banco Central o las de las propias entidades de intermediación financiera (bancos).

Entonces los comerciantes se están movilizando para realizar distintas acciones legales como por ejemplo presentar un recurso de inconstitucionalidad, como puede ser una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia la cual se está analizando, como puede ser un pedido de decreto contra las disposiciones que prohiben aceptar dinero en efectivo.

Por otro lado es ilegal que la ley de inclusión financiera establezca límites porque de esa forma lo que hace la ley es legitimar un contrato de un privado. ¿Cómo puede una ley decir que si un comerciante acepta pago con tarjeta no puede discriminar contado o crédito?, la ley está legitimando un contrato privado y convirtiendo a las tarjetas en un medio seudopúblico cuando es obviamente privado.

Recordemos el proyecto de 42 artículos que fue al parlamento, lo aprobó diputados y luego durmió años en presidencia de la Comisión de Hacienda del senado. Allí se establecía por ejemplo que si las grandes superficies pagaban -como pagan- un 0,8, nadie debería pagar más del 2,8, o sea una diferencia máxima de dos puntos porcentuales.

Es ilegal que se quieran establecer las obligaciones que se quieren imponer, es ilegal que salga Defensa del Consumidor a impedir que se establezcan criterios de créedito o contado o que se fijen mínimos. Eso es una libertad de comercio que tiene el comerciante, basada en dos cosas: Principio de Igualdad de la Constitución y Principio de Igualdad de Comercio que también establece la Carta Magna.

Va a haber que negociar. Los comerciantes están diciendo que no les sirve el negocio y que si los quieren obligar a aceptar esas condiciones están diciendo "yo no quiero".

Los estacioneros de Maldonado lograron con la medida de no aceptar tarjetas, no perder dinero y trasladar los costos. Hay estaciones chicas y medianas del depatamento que le pagaban a los emisores unos 150 mil dólares al año cada una por aranceles.

Unos meses atrás los grandes titulares de los diarios decían que la DGI había anunciado que iba a salir a multar a los comercios que no aceptaran tarjetas. Los comerciantes salieron a los medios a decir que la práctica anunciada era ilegal y entonces la DGI tuvo que reconocer que el comerciante era libre de elegir.

La perversidad del statu quo

Los emisores hacen su negocio y el gobierno además de catastrar gratis a toda la población y ganar valiosa información de cada uno de nosotros, teje una perversa estrategia de control general disfrazado de bancarización y elige: sus aliados son los poderosos, sus enemigos los que dice defender, los comerciantes pequeños y medianos. Recuerden: las grandes superficies pagan 0,8% y los pequeños y medianos comerciantes 4,9%.

Dejamos la yapa para el final
El propietario de un conocido restaurante de la costa atlántica se mudó, se instaló en un local más grande y emplea a decenas de personas. En una reciente inspección del Banco de Previsión Social, reiteramos, del BPS no de la DGI, le preguntaron de dónde había sacado el dinero para hacer la inversión del cambio de local.
¿Estamos todos locos?
Quizás aún no pero que nos quieren llevar para ese lado, no hay dudas.
Nos vemos.

Portal de América