por Eugenio Yunis, desde Santiago de Chile
1. ¿Dónde se debe fijar la línea o el límite entre lo que, en una economía de mercado, corresponde a la iniciativa privada por un lado, y por otro lo que necesita de una intervención pública?
La acción pública en turismo es necesaria, ya sea para asegurar o al menos influir en el logro de un mejor desempeño y mejores resultados del sector turismo en su conjunto; también para responder a ciertos objetivos sociales que los gobiernos deseen alcanzar, como por ejemplo: asegurar el acceso universal al turismo, o incorporar a la economía formal a ciertos segmentos de la población, o fomentar el desarrollo de zonas extremas o aisladas, o contribuir a un desarrollo sustentable de las ciudades y comunidades receptoras de turistas, u otros objetivos políticos.
Responder a esta pregunta es importante porque la frontera de competencias entre uno y otro sector no es siempre evidente y es fundamental fijar dicha frontera para:
a) evitar intervencionismos innecesarios, b) no duplicar o invadir la labor de los privados, y c) no dejar tampoco que el turismo crezca sin ningún ordenamiento ni marco de desarrollo territorial en el cual debe necesariamente insertarse.
2. Complementariamente hay una segunda pregunta ligada a la anterior: ¿qué fórmulas de colaboración o asociación público-privadas son las más convenientes para definir objetivos compartidos y para que ambos sectores trabajen armónicamente para lograrlos?
Las formas de colaboración pueden ser muy variadas y cubrir distintos ámbitos de actuación. Desde una simple consulta ocasional al sector empresarial organizado, hasta su participación activa y con derecho a tomar decisiones en cuerpos colegiados público-privados, pasando por una serie de opciones intermedias. Y desde el tema central de definición de políticas públicas de turismo, hasta temas como el desarrollo tecnológico, la promoción turística, la recolección de estadísticas y su análisis, etc. etc.
3. Si se ha decidido que debe haber compromiso y acciones del Estado en relación con el turismo, como es universalmente aceptado, entonces la tercera pregunta es: ¿a qué nivel territorial y jurisdiccional deben situarse este compromiso y cada una de las acciones que el Estado ejecuta: al nivel central, regional o municipal? Pregunta clave y compleja, ya que su respuesta debe permitir conciliar las decisiones microeconómicas de inversión pública y similares -las que obviamente deben tomar en cuenta las realidades de cada territorio-, mientras que la existencia de un mercado globalizado necesita que los tomadores de decisión tengan una visión de conjunto de las tendencias y oportunidades de mercado, y de cómo están operando los competidores.
4. Si se decide que una parte del esfuerzo público le corresponde al Estado central, tal como ha sido y sigue siendo el caso de la mayoría de los países sudamericanos, la cuarta pregunta es: ¿cómo organizar y estructurar la Administración Nacional del Turismo (Ministerio, Subsecretaría y/o Dirección Nacional de Turismo)? a fin de que ella:
a) Ejerza sus competencias en la forma más eficaz posible, principalmente en materia de:
• Conocimiento económico y estadístico del sector;
• Investigación de mercados y tendencias, incluyendo tecnologías;
• Marketing y promoción, si es que asumirá competencias en este ámbito;
• Cooperación internacional;
• Regulación y normativas.
b) Esté capacitada para influir en las decisiones de otros ministerios y administraciones públicas en temas tales como:
• Infraestructura vial y urbana;
• Tributación;
• Transporte aéreo;
• Facilitación turística y cruce de fronteras;
• Medio ambiente;
• Cultura y patrimonio;
• Seguridad y sanidad;
• Normativas laborales;
• Formación técnico-profesional inicial y continua.
Y entre estos ámbitos de la acción pública existe una estrecha relación, ya que a través de la provisión de infraestructura, la protección del medio ambiente y sus acciones regulatorias, entre otros mecanismos, el Estado puede asumir la responsabilidad de influir en la calidad y sustentabilidad de la oferta turística. Estos dos factores constituyen hoy en día elementos esenciales en la comerciabilidad (marketing) del producto turístico, que el Estado también apoya.
Responder a las cuatro preguntas arriba expuestas es esencial para definir cuál es el modelo de gobernanza pública (idealmente público-privada) más eficaz para el turismo.
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