por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires

Recuerdo que alguna vez leí algo que más o menos decía así: en las sociedades plurales las políticas propuestas generan conflictos, por lo tanto se deben consensuar al máximo las decisiones para disminuir la conflictividad a un mínimo posible. Estoy convencido desde hace muchos años que ya es imposible imponer decisiones aunque estas sea impecables y perfectas. Se debe consensuar, y la calidad de la decisión no dependerá tanto por su valor sino por su posibilidad de ejecutarla y la disposición para ello.

La gente en general no pondera las decisiones políticas por su calidad intrínseca, sino por su conveniencia personal o sectorial o por sus creencias.

De que vale una decisión perfecta si resulta imposible  ponerla en práctica, ya de por sí, aunque suene paradójico, esa decisión perfecta seria una grosera mala decisión.

En la Argentina existe una realidad, muchos vivimos directa o indirectamente del gasto público. El exceso de empleo público tanto en el orden nacional, como provincial y municipal, los diferentes planes sociales concedidos y distribuidos sin control y sin la necesidad de asumir alguna contraprestación, los generalizados subsidios a la oferta y ahora los planes de 6, 12 y 18 cuotas (para turismo con la escasez de divisas que padecemos, una insensatez total) para alentar el consumo, son solo una muestra de una realidad que dificulta, como decíamos más arriba, la toma de decisiones.

Por otra parte, toda esa maraña de gasto público nos hace creer que el estatismo es virtuoso porque de ese modo redistribuye riqueza.

Existe otra motivación, pues se dice que ese tipo de gasto genera fuentes de trabajo y favorece hacia arriba la movilidad social, ya que cuanto más se gasta, también hay más ingresos vía impuestos que se recaudan, y por tanto mejora la calidad de los bienes públicos. Obviamente, un sicólogo diría que estamos racionalizando, que como se sabe es un sistema para justificar lo que sería injustificable o censurable. Hasta el criminal más avieso intenta encontrar justificaciones a sus crímenes.

¡A cuantos delincuentes los hemos llamado Robin Hood…!

Otra particularidad es que la gente en general, como ocurre en gran parte de Latinoamérica, tiene un mayoritario sentimiento anti norteamericano, y piensa como lo demuestra una encuesta publicada por el diario Clarín el pasado 18 de septiembre, que el gobierno de los K tiene una adecuada política internacional (sic).

Es curioso, parecería que tenemos simpatía hacia todo régimen autoritario y rechazo a los países cuyos regímenes institucionales tienen base liberal, democrática y republicana (aunque algunos tengan monarquías). Por otra parte, nunca se nos ocurre pensar en el costo de los derechos y de los servicios públicos.

Días pasados un gran amigo que regresó de Europa me decía con sincero asombro, “…como no  van a tener problemas los europeos con lo que cuesta el transporte…”, al tiempo que me reconocía la excelencia del transporte público comparándolo con el nuestro.

Le respondí, “…mirá, lo bueno cuesta”, y agregué que acá en Buenos Aires, el transporte, la energía y muchos otros servicios tiene precio irrisorio o son gratuitos…” y le agregué algo que lei días pasados, la cuestión tarifaria hizo que en 2002 teníamos superávit en la balanza de combustibles de más de  cuatro mil millones de dólares y hoy somos deficitarios en más de seis mil millones de dólares.

Todo esto viene a cuento porque a partir del próximo 11 de diciembre el nuevo gobierno deberá enfrentar cuestiones y problemas.

Adelanto que las cuestiones se deberían resolver con una política de shock y los problemas se deberían resolver aplicando un severo gradualismo.

Las cuestiones, problemas de problemas, como lo explicaba Carlos Floria, tienen que ver con el funcionamiento institucional republicano, hoy convertido en un triste cambalache. Con la falta de stock, el pésimo estado de la infraestructura y distorsiones groseras, como obstáculos para exportar, obstáculos para importar, escasez de divisas y las restricciones impuestas ilegalmente para su adquisición,  así como la cuestión esencial que es la inflación.

Entre los problemas tenemos un amplio menú, pero solo nos referiremos al turismo y al transporte aéreo.

La política aérea debe ser modificada radicalmente, y deberíamos adoptar una política de “cielos abiertos”, el gradualismo podría ser en un primer periodo de uno a tres años para Latinoamérica y luego para todo el universo sin distinción.

De modo simultáneo, las tarifas, frecuencias y rutas deberían ser fijadas por las compañías aéreas sin intervención del estado.

Deberían generarse incentivos para fomentar o facilitar la creación de empresas de tercer nivel.

Los servicios de handling, deberían ser liberados e Intercargo debería quedar librada a su suerte, de ello dependerá su continuación.

Esto debería ser implementado el 11 de diciembre a las siete de la mañana y en ayunas.

Aerolíneas Argentinas y Austral deberán o bien fusionarse formalmente, o separarse ésta ultima y privatizarse, ya que no estaría alcanzada por la prohibición de la ley 26412 que en el artículo 9 se refiere a la sociedad en clara referencia, en mi opinión, a Aerolíneas Argentinas.

Es obvio que dentro de una política gradual, para resolver algunos de los problemas que se heredarán, en un lapso de uno a tres años Aerolíneas Argentinas debería superar el test de su viabilidad. Es decir, en ese plazo debería convertirse en sustentable, para lo que será imprescindible reformar su modo de gestión incorporando al personal en la dirección de la empresa. Su futuro no dependerá tanto de la evolución económica del país sino más bien de la voluntad y la responsabilidad de su personal.

Sin consenso será muy difícil que pueda subsistir. Como decíamos al principio, el consenso no consiste solo en firmar un documento, sino en participar activamente para lograr el resultado previsto.

En cuanto al turismo, estimo que durante los primeros dos años del  próximo gobierno deberá fomentarse el llamado  receptivo  y poner fin al subsidio ilógico al turismo emisivo.

Ignoro cuál será la política cambiaria del próximo gobierno.

La eventual liberación del mercado, prometida por Mauricio Macri, sería suficiente incentivo para el turismo receptivo y disuasivo para el emisivo.

Si se adoptara un sistema múltiple de cambios, como lo harían Scioli o Massa, es obvio que el  "dólar turístico” tendría que tener el precio que fije libremente el mercado.

Una variante podría ser  que ese eventual sistema de cambio múltiple totalmente administrado por el Banco Central, se creen por lo menos tres tipos de cambio diferentes, comercial, financiero y turístico, este último además debería tener un recargo según el destino.

Los países latinoamericanos, que tuvieran sistema libre de cambios, estarían excluidos de ese recargo ya que el turismo entre estos países debería afectarse lo mínimo posible por nuestros problemas cambiarios.

En fin, termino con el Martin Fierro ya que creo que todo esto  es para mal de ninguno, sino para bien de todos (…y todas…).

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