por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 007@Rizzi
Podríamos estimar que en dólares al tipo de cambio oficial el costo fiscal del programa PreViaje 21/22 fue de alrededor de 475 millones de dólares, en pesos inexistentes, que fue la moneda de pago del subsidio, 99 mil millones de pesos.
Comparado con lo que el Estado percibió por el impuesto a la riqueza, $ 247.503 millones, que pagaron alrededor de diez mil personas, ese costo fue del 0,4 % de ese monto.
En esta línea de pensamiento cada persona “rica” de esas diez mil, habría contribuido al costo del programa del Previaje. Podemos incluirlo como partida de ese impuesto, dado que la caída del turismo fue un efecto directo de la “peste”. El impuesto a la riqueza se estableció para paliar sus efectos.
Ese impuesto tenía una alícuota que variaba del 2% al 3,5% y se incrementaba en un 50% para los bienes ubicados en el exterior.
El PreViaje fue usado por cuatrocientos mil argentinos y cabe presumir que esos “argentinos” pertenecen al décimo decil de las familias que perciben mayores ingresos, cabría agregar que ese decil lo componen más o menos dos millones de personas.
Cada argentino pagó para financiar ese programa u$s 10,56 o $ 2.200. Me podrán decir que es una suma insignificante, pero más allá de ello resulta irritativo que un 50% de la población según surge de las estadísticas nacionales estén sumergidas en la pobreza, lo cierto es que ese nivel podría llegar al 70% si tomamos en cuenta no sólo la movilidad social descendente, sino también parámetros de calidad de vida que buena parte de la sociedad ha perdido.
Este programa es una muestra cabal de que se gobierna al revés.
En verdad el “subsidio” se trata de un crédito, cuya tasa de interés es similar al índice de inflación mensual, cuanto más se tarda en usar ese crédito, menos poder de compra tiene.
Ese crédito tiene un fin específico de uso, que es el gasto turístico, no se puede usar para otro fin distinto. Sería un crédito en beneficio de terceros.
Lo que no sabemos es qué ocurre si se detecta un mal uso o si ese crédito se podría usar para pagar por ejemplo un gasto escolar. El sentido común nos dice que el Estado tendría derecho a reclamar su devolución, ya que no se han fijado penalidades para esos supuestos.
Si ese crédito no se usa antes del 31 de diciembre próximo, se pierde el beneficio. También debemos decir que su costo fiscal se va diluyendo en la medida que su beneficiario demore su uso en el tiempo.
Digo que es un crédito en beneficio de terceros, no sólo porque tiene una fecha límite de uso o de “devolución”, sino además porque el beneficiario no se lo devuelve al dador sino a terceros que desarrollen una determinada actividad, como forma de pago de un gasto.
Debemos reconocer que para un segmento comercial del turismo, que no pareciera ser el mayoritario, este “subsidio” fue importante porque cabe también presumir que para el segmento social que lo utilizó tuvo un efecto multiplicador, ya que el subsidio –crédito- recibido pudo ser usado para gastar más en el destino o destinos elegidos, o para añadir un nuevo destino, sea en el mismo viaje o en otro posterior.
Cuando tengamos las estadísticas a fin de marzo será interesante analizar datos comparativos, con años anteriores, por ejemplo 2019, 2020 (este año sólo se vio afectado el turismo la última semana de marzo), y 2021 dado que en enero ya se habían levantado varias restricciones, para ver no sólo qué variación hubo en los destinos con más llegadas de turistas, sino también como incidió el subsidio del PreViaje.
Este subsidio crediticio plantea algunas dudas en cuanto a la garantía de “igualdad ante la ley”, ya que todas las otras actividades comerciales, excluido el turismo, no tienen tal beneficio.
La cosa podría corregirse, eliminando su limitación de uso.
Para ir cerrando, como decimos en el medio periodístico, si bien en valores nominales este subsidio crediticio se mantiene, en términos reales su costo de noventa y nueve mil millones de pesos ya comenzó a diluirse. Como decimos, una parte equivalente al índice de costo de vida de cada mes lo paga la inflación.
Asi se da otra paradoja, se beneficia el Estado y se perjudica el usuario del crédito, dado que el crédito se materializa en valores nominales, a partir de que se inicie el goce de las vacaciones, partir del 1º de febrero pasado.
Un ejemplo, quienes las iniciaron el 1º de febrero ya lo tienen disponible y dependerá de la rapidez de uso que haga el usuario, su beneficio neto real; ahora bien, quienes las inicien luego de esa fecha, por ejemplo 1º de marzo o 1º de abril –fecha en que están los feriados religiosos de la Semana Santa- su valor real será inferior en la misma proporción del índice inflacionario.
Todo lo dicho no quita que este sistema de créditos en beneficio de terceros debería ser estudiado con más profundidad para precisar su efectivo costo fiscal, ya que el pago del crédito mediante pago a terceros no sólo general el pago de impuestos, sino contribuye a blanquear la economía.
Podría ser un incentivo para comenzar a regularizar nuestra alta evasión o elusión fiscal, con la colaboración de los propios contribuyentes que de algún modo recibirían un premio, por contratar en blanco u obligar a blanquear operaciones que de otro modo serian “negras” o "grises".
Siempre es cuestión de pensar.
Portal de América