Según informó El Observador, el tribunal que juzgará el litigio ya fue conformado. Está integrado por el francés Alexis Mourre (que será el presidente), el colombiano Eduardo Zuleta y el mexicano Eduardo Siqueiros.
Uruguay contrató para su defensa al estudio Foley Hoag, de Washington DC, el mismo que defendió al Estado –y lo hizo ganar– en los juicios presentados por la empresa minera Aratirí y la tabacalera Philip Morris –litigio que también se resolvió ante el Ciadi–.
En representación de la compañía demandante están Freshfields Bruckhaus Deringer, de la ciudad de Nueva York, el estudio uruguayo Ferrere y el Dechamps International Law, con sede en Londres y Buenos Aires.
Hay algo seguro
Presidencia deberá responder al litigio y para ello, deberá argumentar.
Uruguay deberá demostrar que el cierre de Pluna no ha sido su culpa.
En primera instancia y a cuenta de mayor cantidad de información y opinión, hoy decimos que finalmente todos los uruguayos sabremos que fue lo que pasó finalmente hace ocho años, ya que aunque cueste creerlo, la justicia uruguaya aún no ha emitido una sentencia acerca de la denuncia penal presentada por el senador nacionalista Carlos Moreira y todos sus compañeros de bancada de aquel momento, contra Campiani, Álvarez Demalde y Hirsch por vaciamiento de empresa (también se tipificó estafa, en base a la absurda denuncia por cheques sin fondo de Raúl Sendic lo cual quedó demostrado que no existió), por la cual los tres, estuvieron presos en Campanero.
Cuando surgió la primera noticia acerca de la posibilidad de este juicio, acción que nosotros esperábamos sucediese desde la desvinculación forzada de Campiani y sus socios y posterior prisión, nosotros nos comunicamos con el exCEO de Pluna ya radicado en Miami y en esa charla, la última hasta el momento, nos aseguró que no quería saber más nada con el tema y que habían vendido la empresa y por tanto, el derecho a juicio.
No sabemos cómo va a terminar el juicio, tampoco si la cifra de 800 millones de dólares reclamada tiene asidero. Pero hay algo de lo que sí estamos seguros, a pesar de que por la información obtenida, nos permitimos dudar de la estrategia de los querellantes, para el Estado uruguayo no va a ser fácil demostrar que no es su culpa el cierre de la empresa.
Cuando a Campiani y sus socios, el por entonces ministro de Economía Fernando Lorenzo (posteriormente procesado por abuso de funciones), el 15 de junio de 2012 obligó a entregar las acciones bajo violenta amenaza verbal, los por entonces directores de Pluna SA no tenían la menor intención de salir de la empresa y tenían confianza de sortear la difícil situación económico-financiera del momento.
La determinación tomada apenas veinte días después de quedarse con el 100% de las acciones, por parte del gobierno de José Mujica, con el propio Lorenzo y el Ministro de Transporte del momento Enrique Pintado, de laderos, de cerrar PLuna, fue increíble.
Mataron una empresa con 13 aviones nuevos, que volaba a 15 destinos, la cual había triplicado sus ventas, quintuplicado su facturación y empleaba a casi mil personas directamente y a más de cinco mil indirectamente.
Esa empresa el año anterior le había reportado a la economía uruguay más de 250 millones de dólares y aunque suene insólito, el motivo del cierre fue porque quizás, al presentar el balance de ese 2012, podría haber llegado a perder veinte millones de dólares.
Claro, para darle color a la decisión se barajó con total descaro "la posibilidad de un juicio de exfuncionarios de Varig por 3500 millones de dólares".
Moreira, Mujica y López Mena, algún día deberán rendir cuentas de sus actos.
Portal de América
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