Continúa el comunicado: "Esta situación es tan alarmante que, mientras el Dr. Tomás Casas denunciaba las compras en negro por parte de la Intendencia, los inspectores de la DGI llegaban al Departamento de Lavalleja, especialmente a la ciudad de Minas, y realizaban operativos feroces sobre los pequeños comerciantes locales. Pero esto no termina ahí, todavía hay algo más… En ese mismo Congreso de Intendentes, la Intendenta de Lavalleja dice conocer que otras intendencias también realizan compras en negro...".

Se establece en el texto que los integrantes y titulares de las gremiales comerciales y empresariales agrupados en CRECE concuerdan con el Doctor Casas y le apoyan y además anuncian que concurrrán a las audiencias del Juicio oral y público promovido por la Intendenta Peña como manifestación de respaldo y solidaridad con el Dr. Casas, pero además, van a exigir públicamente, y en los ámbitos pertinentes, que les respondan algunas preguntas como éstas: "¿Si el responsable máximo de una Intendencia reconoce que realiza compras en negro para abaratar costos, por qué se les exige a los comerciantes estar en regla y afrontar todas las obligaciones impositivas que marca la ley? ¿Cómo puede aceptarse que una Intendenta afirme que el Presidente de la República -y el Ministerio de Transporte- están al tanto de esta situación y que asegure que se trata de una práctica usual mientras con  los comercios establecidos el Estado practica la Tolerancia Cero, acosándolos y sancionándolos ante la más mínima irregularidad? ¿Cómo es posible que esto ocurra desde el Estado mismo? ¿Qué clase de mensaje se envía a la sociedad y en qué lugar queda la Constitución, el  Estado de Derecho y la igualdad ante la ley? ¿Qué ocurre cuando viola las reglas el encargado de hacerlas cumplir?"

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