Efectivamente, un comunicado encabezado con el logo de todos los gremios –con excepción de UALA (pilotos de Austral), y APTA, según se supo después– amenazando con un paro de 24 horas para el lunes 2 de agosto fue suficiente para que Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, convocara de urgencia a los gremialistas para negociar.

El resultado, la renuncia -¿renuncia?– de Rodolfo Gabrielli, responsable de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) desde su creación. Renuncia que éste le habría enviado desde Miami al Ministro de Planificación, Julio De Vido. ¿De qué lo acusaban? Según el comunicado multigremial de "poner en peligro las fuentes laborales de los trabajadores aeronáuticos permitiendo de hecho la apertura de los cielos argentinos".

Lo que sería un contrasentido teniendo en cuenta que la Argentina es considerada en temas aeronáuticos uno de los países más cerrados de la región.

A tal punto que varios vecinos se quejaron públicamente –la responsable de la ANAC de Brasil, Solange Vieira, tenía agendada una reunión para esta semana por este tema con Gabrielli- de no recibir respuesta del gobierno al pedido de sentarse a discutir los bilaterales para permitir más vuelos por presión de la demanda. Urgencia que tendrían otras compañías pero no Aerolíneas Argentinas que busca de esta manera sostener su participación.

"Los gremios aeronáuticos -terminaba el escueto comunicado- nos hemos opuesto históricamente a la apertura de los cielos, por lo cual tomaremos todas las medidas necesarias a nuestro alcance para impedir la desaparición de miles de puestos de trabajo nacionales".

No lo decía el comunicado, pero se afirma que los gremialistas habrían llegado a pedir que se suspendieran todas las autorizaciones a empresas extranjeras para hacer vuelos no regulares a Bariloche.

¿De qué se acusaba a Gabrielli? En primer lugar de haber permitido que otras aerolíneas, como LAN, TAM y Gol volaran desde Aeroparque cuando la idea original había sido que solo Aerolíneas tuviera ese privilegio. La respuesta internacional –pero fundamentalmente la política de reciprocidad que gobierna esta actividad– llevó a que no se pudiera cumplir con este ingenuo objetivo, lográndose apenas demorar las autorizaciones y retacear los mejores slots.

También acusaban al ex gobernador de Mendoza de haber tenido la osadía de permitir que LAN Perú propusiera un vuelo Lima-Iguazú destinado a traer turistas extranjeros a la región -cosa que el Ministro de Turismo debería agradecer-, o haber permitido que Pluna/Aerovip (en realidad nunca se sabe a ciencia cierta de quién hablamos y cuál es la situación de esta última) trajera turistas brasileños durante la temporada a Bariloche.

Lo complicado en este caso –una versión dice que la presión nació de los pilotos uruguayos hacia APLA para evitar que los tripulantes argentinos de Aerovip hicieran los vuelos– es que la negativa llegó cuando ya se habían realizado vuelos y había que llevar de vuelta a los turistas varados en Bariloche. Inútiles fueron los reclamos de la empresa uruguaya -propiedad del grupo privado Leadgate y del gobierno de ese país, es bueno recordarlo- para poder rescatar sus pasajeros como tampoco, para que el gobierno argentino autorizara a cumplir con este cometido a la empresa argentina Macair Jet o a la chilena PAL propuestas por Pluna.

Activado el escándalo, la ANAC salió al cruce con un comunicado responsabilizando a la empresa uruguaya "por haber volado sin las autorizaciones necesarias", algo difícil de entender que alguien pueda cruzar los cielos y mucho menos aterrizar en un aeropuerto argentino sin estar habilitado para ello.

Lo que no dice el comunicado es que es práctica habitual de este organismo -en esa situación están el 90% de los vuelos no regulares- no contestar a los pedidos que con anticipación realizan las empresas entendiendo éstas por lo tanto al momento del despegue que el mismo no fue objetado.

De allí que Pluna respondiera que "nunca realizó viajes a Bariloche sin autorización, precisamente porque la ANAC nunca los autorizó, sin motivo explícito alguno, a pesar de ser una ruta y servicios que se encuadran en los acuerdos internacionales vigentes".

La empresa recordó que ya "la autoridad argentina en el 2009 le había negado en las mismas circunstancias permisos para volar entre Montevideo y Trelew". La negativa llegó –como se recordará– 24 horas antes del vuelo inaugural.

Alcanzado el objetivo de sacar a Gabrielli del medio –es cierto que este político designado por Néstor Kirchner no se caracterizó por su ejecutividad– los gremios emitieron un comunicado desactivando la medida de fuerza. "Ante la nueva instancia de diálogo abierta con el gobierno nacional se levantan las medidas de fuerza anunciadas para el día lunes 2 de agosto de 2010".

No obstante advertía "que los trabajadores somos parte de la solución y que pondremos toda nuestra fuerza laboral a disposición para revertir años de ausencias de políticas conducentes a la grandeza de la aviación y del país".

Pero aun faltaba para cerrar el día un nuevo comunicado, esta vez de APTA, enfrascado en un viejo enfrentamiento interno: "Los técnicos aeronáuticos no hemos convocado a ningún paro general.

El único y legítimo consejo directivo de APTA conducido por Ricardo Cirielli, repudia y condena el accionar amarillista de los sindicatos de APLA, AAA, UPSA Y APA, por usurpar la representatividad de nuestro gremio, falseando su aval a una medida de fuerza que nunca decidió".

El mensaje de Cirielli apuntaba a su ex colaborador y reemplazante mientras duró su paso por el gobierno, Juan Pappalardo, a quien acusan de seguir usando un sello de goma del sindicato.

fuente: Aviación News