por el Lic. Alejandro Spera, @alejandrospera en Twitter

Sigue siendo extraño que alguien que aseguró no haber participado de la subasta teatral montada en octubre de 2012, se presente como responsable del pago de una garantía bancaria otorgada a una empresa extranjera como lo es Cosmo, sin antecedentes comerciales en nuestro país.  Aún está pendiente su declaración como indagado en el escándalo más importante del gobierno de Mujica, que recién está mostrando sus primeros efectos colaterales,.  

A la hora del perjuicio económico, la transferencia de los 13,6 millones que representaba tan solo el aval por el precio ofrecido de 137 millones de dólares del que nunca se haría cargo Cosmo, se concretó y el beneficiario fue el fideicomiso que gestionó las aeronaves hasta que fuera declarada inconstitucional la ley 18931 que lo creó.  Es decir, de las arcas del BROU fue transferido ese monto, que al día de hoy el que asumió la deuda no pagó, quedando en calidad de moroso ante la institución financiera más importante del Uruguay.

Entonces, nos preguntamos, no hubo perjuicio para la Administración?  Fue mucho más amplio que el BROU, en realidad el perjuicio fue para todos los uruguayos que pagan y siguen pagando mientras las aeronaves conforman un gran cementerio en el Aeropuerto de Carrasco con 7 unidades Bombardier CRJ-900 Next Gen y 2 unidades Boeing 737-200 que fueran desafectadas del servicio por la gestión de LeadGate.  Es el lujo de la miseria.  Los aviones nos cuestan 500 mil dólares por mes de mantenimiento preventivo más las cuotas semestrales de más de 8 millones de dólares que debe hacerse frente ante el Scotia Bank, institución que financió la compra inicial de los mismos.  En una simple suma podemos decir que el costo de mantenimiento del cementerio aéreo en estos dos años supera los 44 millones de dólares.  ¿A eso no se le llama perjuicio para la Administración?.

Otras declaraciones del oficialismo luego del procesamiento de Lorenzo y Calloia aseguran que no hubo dolo.  Según el diccionario de la Real Academia Española, se define como: “en los actos jurídicos, voluntad maliciosa de engañar a alguien o incumplir una obligación contraída”.  ¿Acaso estos jerarcas no nos engañaron a todos los uruguayos?  ¿Acaso no hubo una voluntad maliciosa al presentar al testaferro de Lopez Mena usando su nombre habitual alterado?
¿Acaso el escribano que lo certificó de “buena fe” casualmente se equivocó?
Dicho sea de paso, también fue procesado.  
¿Acaso no se incumplieron todos los compromisos asumidos desde el plazo de pago estipulado ante la Asociación de Rematadores hasta el pago del aval, la transferencia al fideicomiso, la creación de la ley inconstitucional, y cada evento que siguió?  
¿Acaso la maniobra no intentó dejar a PLUNA SA en la calidad de insolvente quitando sus activos (los aviones), en favor de un empresario que quería adquirir los mismos para su empresa BQB?  
¿Y qué idea pergeñaron para los más de 200 proveedores que se presentarían legalmente al concurso para cobrar sus créditos?  
¿Y para los trabajadores que aún no cobraron sus despidos?

Quizás la estrategia judicial en un caso tan visible y vinculado a hechos de corrupción notorios debería ajustarse más a los hechos reales y no a embarrar la cancha con nuevas estratagemas en las declaraciones públicas.

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