por Eugenio Yunis, desde Santiago de Chile

Evitaremos re-abrir ese debate en estas líneas. Lo importante, cualquiera sea el ministerio que tiene responsabilidad de “gobernar” el turismo, es que el(la) Ministro(a) a cargo, y sobre todo el (la) Jefe de Gobierno, entiendan que este sector es multi-dimensional y por ello necesita de una acción multi-institucional por parte del gobierno.

Un Consejo de Turismo que incluya a varios ministerios y que sea presidido por el Ministro a cargo del turismo parece ser una buena opción para enfrentar este desafío. El Consejo debiera contar con una Secretaría Permanente, con plenos poderes para asegurar el cumplimiento de las decisiones que el Consejo adopte, especialmente aquellas que incumben a otros ministerios. En otras palabras, el Consejo de Ministros del Turismo debiera ser el órgano máximo de la gobernanza turística nacional, expresión de la prioridad estratégica que el Estado le asigna a este sector y que requiere de un “enfoque-todo-gobierno” (whole-of-government approach) para su desarrollo. Su Secretaría Permanente, muy reducida aunque de alto nivel, debe tener un rol fuerte, pero exclusivamente coordinador, ya que la ejecución de las políticas, planes y programas debe continuar siendo responsabilidad de los ministerios que integran el Consejo, cada uno en sus respectivos ámbitos.

¿Qué ministerios debieran integrar este Consejo? Es materia que cada país debe decidir según sea su estructura político-administrativa, pero en principio parece necesaria la inclusión de los siguientes:

-    Ministerio a cargo del turismo (que lo preside)
-    Ministerio de Economía (que incluya PYMES)
-    Ministerio de Medio Ambiente, o su equivalente (de Desarrollo Sustentable, o de la Ecología, o de Recursos Naturales)
-    Ministerio de Cultura
-    Ministerio de Obras Públicas y Transportes (que incluya el transporte aéreo)
-    Ministerio de Urbanismo
-    Ministerio de Desarrollo Regional
-    Ministerio de Salud
-    Ministerio de Relaciones Exteriores
-    Ministerio de Educación

El Consejo debiera también dar un espacio formal, no ocasional, para que representantes calificados y representativos del sector privado debidamente organizado puedan participar de sus deliberaciones y aportar sus legítimos puntos de vista, sin perjuicio de que los Ministros que lo componen puedan tener reuniones privadas y adoptar las decisiones que convengan al interés público. Este espacio de participación constituye un elemento esencial para asegurar una debida coordinación, y eventualmente una asociatividad público-privada en el turismo de cada país.

Si bien no cabe duda de que, en casi todo el mundo, el sector privado es el verdadero motor de la industria del turismo, las autoridades públicas –centrales, regionales y municipales- debidamente coordinadas entre ellas, tienen obligaciones igualmente fundamentales en turismo. A ellas les corresponde establecer, implementar y fiscalizar los necesarios marcos de ordenamiento territorial, tributario, reglamentario, laboral y de seguridad pública, entre otros, de modo que ellos faciliten y ayuden a rentabilizar la inversión de los privados, y aseguren un funcionamiento eficaz y sustentable de los destinos y de las empresas turísticas.

A las mismas autoridades les corresponde también asegurar que la infraestructura pública que hace posible la llegada de los turistas, los puestos y normas fronterizas, sus movimientos dentro del país, su conectividad en todos los lugares que visiten, entre otros, estén disponibles y en óptimas condiciones. Asimismo, la seguridad constituye hoy en día un elemento esencial para atraer turistas y mantener una excelente imagen del destino, y ésa es también una responsabilidad de las autoridades.

Por último, pero sin agotar el tema de las responsabilidades públicas en turismo, es el Estado quien provee –en todos los países del globo- los principales financiamientos para la promoción turística sin la cual los potenciales turistas difícilmente serían atraídos a los destinos; y hoy en día hay decenas de miles de destinos turísticos compitiendo en un mercado global.

La experiencia internacional de destinos turísticos exitosos enseña que hay numerosos roles que los municipios pueden y deben jugar para estimular, ordenar y promover el turismo en sus territorios. Entre estos destacan los siguientes: el ordenamiento urbano a través de planes reguladores que consideren el potencial y las necesidades del turismo; la habilitación para uso turístico de monumentos, edificios patrimoniales, sitios de interés natural o cultural, museos, estadios, centros culturales, etc. y su adecuada mantención; la recogida y tratamiento de desechos; embellecimiento y mantención de plazas, calles, áreas verdes, playas, senderos, fuentes de agua, paraderos para buses turísticos, etc.; señalética urbana orientada al turista y provisión de información detallada sobre la oferta turística, hotelera y gastronómica de la localidad; regulación y fiscalización del comercio callejero y de la oferta turística informal; provisión de estacionamientos públicos adicionales en alta temporada; organización y promoción de eventos musicales, artísticos, tradicionales, deportivos y de todo orden para atraer turistas; promoción turística general, etc. Pero todos estos roles municipales deben enmarcarse en políticas y planes nacionales de turismo para que tengan coherencia.

La necesidad de una acción coordinada, coherente y sin quiebres ni vacíos de todos los entes públicos y entidades privadas con responsabilidad en el turismo se hace cada vez más urgente con la irrupción de la economía digital y del concepto de seamless travel (viaje sin costuras) que hoy exigen los turistas. Los llamados “destinos inteligentes” requieren, entre otros aspectos, la provisión de información y servicios turísticos igualmente inteligentes, sin contradicciones ni vacíos entre los distintos proveedores públicos y privados de la información y de los servicios.

En definitiva, un sistema de gobernanza eficaz, durable y capaz de asegurar un desarrollo sustentable del turismo a largo plazo, debe tener visiones compartidas, políticas consensuadas y planes de acción coordinados, que permitan maximizar los beneficios para todos los ciudadanos involucrados y minimizar los impactos negativos que el turismo puede generar.

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