por Sergio Antonio Herrera
El organismo oficial analiza, investiga, inspecciona y por ejemplo nota que el aval está vencido; que existen varias denuncias de clientes perjudicados; consulta en DGI y se entera que no hay certificados habilitantes actualizados, se enciende la alarma roja y allá parte un funcionario al local en cuestión con la correspondiente notificación de clausura y la banda que atraviesa en la puerta con el contundente “CLAUSURADO”.
Hasta ahí, menos el infractor, todos hicieron lo debido. ¿O no?
La agencia infractora puede retirar la banda de la puerta, puede seguir haciendo anuncios tipo "bicoca" y nadie más puede hacer nada.
Entonces llega el momento (que siempre llega) en el que se corta "la calesita" y empiezan los incumplimientos en catarata y entonces aparecen las titulares "Clientes estafados por agencia de viajes" y se arma el revuelo y se suceden las notas de prensa, las denuncias, se conocen las historias de varios de los clientes perjudicados y bla, bla, bla.
Vemos entonces que son crónicas de escándalos anunciados, que muchos conocían pero no lograron evitar.
Entonces volvemos a preguntar: ¿Todos hicieron lo debido?
Y la respuesta contundente es NO.
Quien no estuvo a la altura de las circunstancias fue el Estado. Reiteramos, no la asociación, no el ministerio del ramo, el responsable de la falla es el Estado por no tener prevista la reglamentación idónea para evitar estas estafas a voces.
¿Por qué no existe un 0800 en el que un cliente pueda comprobar con una simple llamada si la agencia en la que va a depositar dinero está habilitada ante DGI, MINTUR y etcéteras?.
¿Por que el MINTUR luego de clausurar a una agencia no está habilitado a advertir públicamente esa clausura en medios de comunicación?
¿Por que no está habilitada algún otro tipo de denuncia más eficaz y contundente?
Y el mensaje final es:
Casos como el de esta columna, no son necesariamente teóricos y utilizados como ejemplo para opinar. Por alguna razón nosotros queremos dejarlo expresado. Barbas en remojo.