Según publica clarín.com, esa financiación derivó en un apurado acuerdo de cooperación ferroviaria. Sin embargo, la historia fue aún mucho más compleja y abrió una grieta que complicó meses la relación política entre los dos países. Esta situación se lee en los correos electrónicos del asesor de Ricardo Jaime y fue confirmada por funcionarios y ejecutivos que participaron de la negociación.

El operativo incluyó la intervención personal del embajador Carlos Bettini y de su homólogo en Buenos Aires, Rafael Estrella. Ellos fueron los intermediarios de una decisión política de Rodríguez Zapatero, quien ofreció a Cristina Kirchner la posibilidad de que su país financiara una solución económica del conflicto abierto con Marsans. Argentina aceptó gustosa esa facilidad, aunque sorpresivamente se hizo cargo del dinero pero no del destino que tenía previsto.

La situación fue más complicada de lo imaginable; Zapatero no podía reclamar este conflicto públicamente porque no podría reconocer jamás que le había facilitado financiación a Argentina para indemnizar a una empresa española en trámite de expropiación.

Cuando Cristina Kirchner llegó a Madrid en febrero de 2009, la esperaba una agenda bilateral viciada de problemas incómodos. El principal era la situación en Aerolíneas Argentinas tras el fracaso de la gestión “compartida” que se había anunciado en julio, cuando la compañía dejó de pagar los sueldos.

Aunque nunca fue reconocido, al aterrizar en Madrid la presidenta ya traía un acuerdo apalabrado entre su secretario de Transporte, el cuestionado Ricardo Jaime, y los dueños y directivos de Marsans Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz Ferrán y Vicente Muñoz Pérez. Ellos pedían que el Estado continuara con un contrato de compra de aviones a Airbus -de manera que no perdieran las señas que ya habían pagado- y recibirían además una indemnización de alrededor de 150 millones de dólares o, en su equivalente europeo de entonces, cien millones de euros. A cambio, los españoles retirarían la demanda contra la Argentina ante el tribunal arbitral del CIADI.

Esa solución -consensuada en el despacho de Jaime- no sería jamás admitida en público frente a la postura de enfrentamiento sin matices que el gobierno argentino tenía con Marsans. El único problema, a esas alturas, era el financiamiento de ese dinero. La solución la dio Rodríguez Zapatero, en una muestra más de colaboración que pronto le generó un serio problema en su equipo de gobierno.

Tras el acuerdo político, hubo que buscar la forma de operativizar la entrega del dinero. La solución llegó desde la embajada de España en Buenos Aires, donde pusieron sobre la mesa un crédito impagado que había otorgado José María Aznar a Eduardo Duhalde. Así, a través de un acuerdo entre los dos Estados, firmado en España por Campa y enviado por Bettini a Buenos Aires para que lo ratificara el entonces ministro de Economía Carlos Fernández, se avalaba el aplazo de varios pagos de cuotas trimestrales que le correspondían a Argentina para 2009. El total de 140 millones debía ir a las cuentas de Marsans bajo un acuerdo de palabra que nunca podría figurar en los papeles. Sin embargo, eso nunca sucedió.

Un hombre que participó directamente de las negociaciones explica así la situación en la que quedó el presidente español: “Es como el cuento de la mujer que atiende al vecino apenas cubierta por la toalla porque acaba de salir de una ducha con su marido. El vecino le ofrece mil euros sólo para que deje caer la toalla un segundo y ella, lejos de la mirada de su esposo, acepta. Agarra feliz el dinero, despide al vecino, y cuando vuelve al baño con su marido, él le pregunta si el vecino le había dejado los mil euros que le debía. La mujer no podía denunciar lo que pasó. Lo mismo le pasó a Zapatero”, dice este ejecutivo mientras termina su café con leche en un moderno y luminoso bar de las afueras de Madrid.

fuente: preferente.com