por Ramón de Isequilla, desde Madrid

Según el diario El País: “El panorama que dibujan diversos sectores a los que les afecta el plan de desescalada anunciado el martes por el presidente Pedro Sánchez está lleno de incertidumbres y peligros”.

La Razón dice: “El plan de reapertura, una ruina para casi todos los sectores. La mayoría coinciden: abrir en estas condiciones no es viable. Reclaman un protocolo higiénico-sanitario para saber cuáles son los requisitos necesarios y el coste de retomar la actividad de sus negocios”.

Y El Español termina de desconcertarnos: “La vicepresidenta Ribera, a los hosteleros: "El que no se sienta cómodo, que no abra". “Teresa Ribera ha dicho este jueves que en el plan de transición a la nueva normalidad tras el estado de alarma ‘no se impone nada a nadie’”

El presidente aseguró el martes que el proceso de vuelta a la (nueva) normalidad llamado “desescalada”, había sido elaborado con el consenso de todos, pero los sectores económicos y las comunidades autonómicas niegan contacto alguno y aseguran que no fueron consultados.

Las normas anunciadas no dejan de ser una lista indicativa, a la cual le falta una reglamentación y certeza en cuanto a fechas y características. Respecto al turismo prevé la apertura parcial de hoteles, bares y restaurantes en una forma escalonada, dentro de un plazo de seis a ocho semanas; este panorama se desarrolla con un país aislado del exterior, sin turismo extranjero, el cual depende en un elevado porcentaje de los vuelos, respecto a los cuales el gobierno español considera que se reiniciaran en octubre y Bruselas que debe ser de inmediato y sin ninguna limitación a la nacionalidad de los viajeros.

Durante el primer período anunciado estarán cerradas las “fronteras” entre las distintas provincias, que serán los nuevos límites que tendrá el territorio nacional, siendo para la nueva reglamentación más importantes las provincias, las islas y las regiones sanitarias que las propias comunidades autonómicas que las contienen.

La reacción no se hizo esperar, los empresarios de la restauración dicen que es imposible abrir únicamente las terrazas en un 30%, manteniendo cerrado el interior del local, y que así no hay número que cierre; los hoteleros afirman que abrir los establecimientos, para que los utilicen solamente los residentes de la misma provincia parece un chiste, va en contra de la propia definición académica del turismo.

Se informa que cobrarán hasta 1.500 euros de multa, al que vaya de una provincia a otra, sin causa justificada en las primeras semanas; también informan, que luego sólo se podrá ir de una a provincia a otra, que tenga las mismas características en cuanto a la pandemia, lo cual podría llegar al absurdo de  tener que dar una vuelta al país con el vehículo, en el caso que para llegar de una habilitada a otra similar, la del medio no reúna las condiciones de desescalada.

La poca información oficial, la agresiva manifestación de la ministra que recoge El Español y la catarata de opiniones no oficiales nos confunden, no pudiendo sacar ninguna conclusión. Esperamos que, en las próximas horas, se aclaren las reglas de juego que se deben seguir y una vez finalizado y aprobado el protocolo, que está elaborando el Instituto de Calidad Turística Española ICTE para el turismo, los empresarios puedan preparar sus establecimientos para la nueva época y esto debe ocurrir rápido, pues si el sector turístico sigue cerrado hasta fin de año, no va a perder dinero, va a desaparecer.

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