por Ramón de Isequilla, desde Madrid, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., @ramonpunta

Las consecuencias de lo denunciado afectan principalmente la seguridad de la isla, bien primordial en el interés de los turistas, que se ve deteriorada por las peleas entre bandas y las consecuentes intervenciones policiales frente a los hoteles, dado que los menores afectados han sido alojados en la zona turística en forma irregular, en apartamentos turísticos que no están habilitados ni preparados para esta función, situación tolerada por el gobierno de la Isla e ignorada por el gobierno nacional.

Las situaciones que sufren los menores no acompañados involucrados en la denuncia son denigrantes e inadmisibles, más dentro de un miembro de la Unión Europea que proclama en todos sus niveles su irrestricto respeto a los derechos humanos.

Las denuncias sobre el funcionamiento de los centros de acogida de menores en situación de desamparo no son nuevas y recuerdan las ocurridas en Baleares y en Valencia, todos casos de instituciones que se encuentran bajo la responsabilidad de autoridades pertenecientes a los partidos que gobiernan desde la Moncloa, como el escándalo que afecta a la vicepresidenta valenciana por su responsabilidad funcional en hechos que llevaron a la condena por abuso de una menor a su ex marido, al igual que lo ocurrido en Baleares donde se denunció a las autoridades de los centros responsables de menores que los obligaban a la prostitución y en todas ellas los parlamentos afectados, incluso el congreso de diputados, todos con mayoría del PSOE y Podemos se negaron a formar comisiones investigadoras.

La aberración del turismo sexual con menores y las consecuencias que trae en los destinos turísticos cuando se institucionaliza, debe encender una alarma inmediata pues está poniendo en riesgo el futuro del turismo en determinados territorios.

Nuestra oferta turística es de calidad, es un turismo de familias, que nunca debemos permitir que se confunda con la criminal oferta de ciertas islas en el sudeste asiático, que felizmente ha comenzado a ser perseguida por sus propios gobiernos.   

Los empresarios turísticos deben repudiar cualquier ataque a la dignidad humana y exigir a los gobernantes que cumplan con su misión y dejen de mirar a otro lado cuando se producen hechos criminales que comprometen a sus socios ideológicos.

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