por Ramón de Isequilla, desde Madrid

Cuando Meliá, Iberostar y Barceló anunciaron su retirada de Cuba, la explicación oficial fue casi idéntica en los tres casos: la amenaza de sanciones de Washington y un embargo comercial cada vez más asfixiante. Es una explicación cierta, pero incompleta. Hay un capítulo anterior, mucho más incómodo, que rara vez aparece en los titulares: durante años, estas compañías han sido señaladas por tribunales, despachos de abogados de Miami y por la propia comunidad cubanoamericana como beneficiarias de un despojo que no cometieron, pero que sí explotaron comercialmente.

El origen: una expropiación de 1959 que nunca se cerró

Tras el triunfo de la revolución castrista, el nuevo gobierno confiscó miles de propiedades privadas: ingenios azucareros, tierras, hoteles y negocios de ciudadanos cubanos, sin ofrecer compensación. 

Muchos de esos propietarios se exiliaron en Estados Unidos y, con el tiempo, se nacionalizaron estadounidenses. Entre 1965 y 1972, y de nuevo en 2005-2006, la Foreign Claims Settlement Commission certificó 5.913 reclamaciones de nacionales estadounidenses por bienes confiscados en la isla, valoradas entonces en unos 1.900 millones de dólares. Con los intereses acumulados durante más de sesenta años, esa cifra ronda hoy los 8.000 millones.

A esas reclamaciones certificadas se suman otras, no reconocidas formalmente por la Comisión, de cubanos que se nacionalizaron estadounidenses después de perder sus propiedades. Es el caso más conocido: el de la familia Sánchez Hill, herederos del ingenio Santa Lucía, en Holguín, una hacienda de 485 kilómetros cuadrados expropiada en 1960. Sobre parte de esas tierras se construyeron, décadas más tarde, los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares, operados por Meliá en régimen de gestión conjunta con la estatal cubana Gaviota, vinculada al Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Helms-Burton: la ley que convirtió el reclamo en amenaza judicial

El instrumento legal que ha perseguido a las hoteleras españolas es el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a esos reclamantes demandar en tribunales estadounidenses a cualquier empresa, de cualquier nacionalidad, que "trafique" con propiedad confiscada, entendiendo por tráfico administrarla, arrendarla o lucrarse de ella.

Durante más de veinte años, ese título permaneció congelado: Clinton, Bush y Obama lo suspendieron cada seis meses para no abrir un frente de litigios con aliados europeos. Trump rompió esa costumbre y lo activó por completo el 2 de mayo de 2019, y la reacción fue inmediata.

La familia Mata, heredera del Hotel San Carlos de Cienfuegos, hoy Meliá San Carlos, notificó su intención de demandar. La familia Cantó hizo lo propio con Iberostar por el Hotel Imperial de Santiago de Cuba. El despacho Rivero Mestre, de Coral Gables, articuló demandas colectivas contra Barceló, Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la francesa Accor, y extendió el frente judicial a plataformas de reserva como Expedia, Booking y Trivago por promocionar esos hoteles. 

Meliá, la cadena con mayor exposición, más de treinta hoteles en la isla, muchos sobre suelo confiscado, ha litigado en España y en Estados Unidos desde entonces, con resultados desiguales: ganó un pleito relevante en 2024, pero el frente sigue abierto en varios tribunales.

El giro más reciente llegó apenas el mes pasado. El 23 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso Exxon Mobil contra Corporación Cimex, resolvió por seis votos contra tres que la propia Ley Helms-Burton anula por sí misma la inmunidad soberana de las entidades cubanas, sin que los demandantes deban probar excepciones adicionales. En la práctica, elimina uno de los principales escudos procesales que hasta ahora dificultaban estas demandas. La salida de Meliá, Iberostar y Barceló de Cuba, anunciada estos mismos días, difícilmente es una coincidencia.

Lo que se juegan las españolas: dinero y algo más valioso, la reputación

El riesgo financiero es real pero acotado: indemnizaciones millonarias, activos embargables si las compañías mantienen presencia en Estados Unidos, y una exposición que obliga a provisionar fondos legales de forma permanente. España es el tercer inversor europeo en Cuba, con un volumen de negocio turístico que supera los 1.200 millones de euros anuales, así que la factura no es menor.

Pero el daño más duradero puede ser otro: el reputacional. Para buena parte de la comunidad cubanoamericana del sur de Florida, influyente, organizada y con memoria larga,  Meliá, Iberostar y Barceló no son simplemente empresas turísticas: son, a sus ojos, socias comerciales de un régimen que expropió a sus familias y que además ha explotado esas propiedades durante treinta o cuarenta años sin pagar un céntimo a sus dueños originales. Esa etiqueta de "cómplices" ha acompañado a las cadenas españolas en cada demanda, en cada audiencia y en cada artículo de la prensa de Miami, y es precisamente el tipo de relato que una empresa de consumo masivo, dependiente de la percepción pública y de mercados como el estadounidense, no puede permitirse ignorar.

El matiz que casi nadie pone sobre la mesa

Y sin embargo, conviene matizar ese relato antes de darlo por cerrado. Durante tres décadas, estas cadenas fueron, junto con el propio Estado cubano, prácticamente las únicas responsables de sostener una industria turística que llegó a representar más del 10% del PIB de la isla en sus mejores años. 

Sin esos hoteles no habría existido el turismo de masas que trajo a millones de visitantes, 4,7 millones en el récord de 2017, y sin ese turismo, decenas de miles de cubanos no habrían tenido empleo, ni acceso a divisas, ni a un nivel de vida que, con todas sus limitaciones, fue sensiblemente mejor gracias a esa actividad. Es una contribución económica real, que convivió, de forma incómoda, sí, con el hecho de operar sobre terrenos de origen litigioso.

Esa es la paradoja que rara vez se explica con matices: las mismas empresas que la comunidad exiliada señala como cómplices de un despojo son, para buena parte de los cubanos que trabajaron en esos hoteles durante generaciones, la razón por la que tuvieron un empleo digno en una economía que, sin turismo, habría sido todavía más precaria. Ninguna de las dos lecturas anula a la otra; ambas son ciertas, y precisamente por eso el debate resulta tan incómodo.

Lo que viene: el vacío que llenarán Marriott, Hilton e Hyatt

La ironía final de esta historia es que el vacío dejado por las cadenas españolas podría ser ocupado por gigantes estadounidenses, Marriott, Hilton, Hyatt, Wyndham si Washington termina pilotando una transición hacia una economía más abierta en la isla, en un escenario que ya se compara con lo ocurrido en Venezuela. 

Esas cadenas llegarían sin el pasivo legal que persigue hoy a Meliá e Iberostar, no porque las reclamaciones dejen de existir, sino porque la propia legislación que hoy amenaza a las españolas fue diseñada, en origen, para presionar a terceros países y despejar el terreno a los intereses comerciales estadounidenses. Dicho de otro modo: la ley que hoy saca a las hoteleras españolas de Cuba es, potencialmente, la misma que mañana podría facilitar la entrada de sus competidoras norteamericanas. Ese, y no otro, es el tema incómodo del que nadie quiere hablar del todo.

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