por Sergio Antonio Herrera, desde Montevideo

Porque medir bien el turismo no es solamente una cuestión técnica. Es, sobre todo, una cuestión institucional y política.

Durante décadas, el país organizó su política turística en torno a un ministerio cuya función principal fue la promoción del destino, el relacionamiento con el sector privado y la gestión de campañas en mercados emisores. Ese modelo cumplió un papel importante en una etapa del desarrollo turístico nacional, cuando el desafío principal era posicionar a Uruguay en el mapa regional.

Pero el turismo global cambió radicalmente.

Hoy los destinos que compiten con éxito no se limitan a promocionarse: gestionan inteligencia. Analizan flujos en tiempo real, cruzan datos de movilidad, gasto, reservas y comportamiento digital, y detectan tendencias antes de que se transformen en problemas o en oportunidades perdidas.

En otras palabras, el turismo dejó de ser solamente una actividad promocional para transformarse en una industria que se gestiona con información estratégica.
Y allí aparece una debilidad estructural del modelo uruguayo.

El país carece de un verdadero sistema de inteligencia turística. No existe un observatorio nacional con capacidad analítica permanente. No hay un centro de datos que procese de manera sistemática la información proveniente de aerolíneas, plataformas digitales, tarjetas de crédito, telefonía móvil o motores de búsqueda.

El resultado es que muchas decisiones estratégicas se siguen tomando con información parcial, con estadísticas atrasadas o, directamente, con intuiciones.

Pero además existe otro problema, menos técnico y más político: la definición de prioridades.

En los últimos tiempos, desde el gobierno se ha insistido en presentar al turismo social como una de las grandes banderas de la política turística nacional.

No hay nada reprochable en ese objetivo. El acceso al ocio, al descanso y a las vacaciones forma parte del bienestar de las personas y es, en muchos países, considerado un derecho social legítimo.

Pero conviene no confundir los planos.

El turismo social es, esencialmente, una política de bienestar. Su ámbito natural debería ser el de las políticas sociales: el Ministerio de Desarrollo Social, la seguridad social o los sistemas de apoyo a determinados sectores de la población.

El turismo receptivo, en cambio, es otra cosa.

Es una actividad económica que compite en el mercado internacional, que moviliza inversiones privadas, que genera empleo y que produce ingresos para el país.
Cuando un turista extranjero llega a Uruguay no está ejerciendo un derecho social: está participando en una cadena económica que involucra transporte, hotelería, gastronomía, comercio, servicios y empleo.

Por eso los países que toman en serio al turismo lo gestionan como lo que es: una industria estratégica.

Una industria que necesita inteligencia de mercados, análisis permanente de datos y una institucionalidad capaz de pensar el largo plazo.

España, Portugal, Singapur o Dubái desarrollaron verdaderos ecosistemas de inteligencia turística que permiten anticipar comportamientos del mercado, optimizar la gestión del destino y orientar con precisión tanto las políticas públicas como las inversiones privadas.

No se trata simplemente de tener más datos.

Se trata de tener instituciones capaces de interpretarlos y utilizarlos, y sobre todo de tener claro cuál es el objetivo principal de la política turística.

Porque cuando un país dispone de recursos limitados —como es el caso de Uruguay— cada decisión de política pública implica necesariamente una elección.

Y en turismo esa elección es bastante clara.

O se construye una política orientada a desarrollar una industria generadora de empleo, inversión y divisas.

O se corre el riesgo de convertir al turismo en un capítulo más de la política social.

Son dos cosas respetables.

Pero no son lo mismo.

Y confundirlas puede terminar siendo una de las razones por las cuales el turismo uruguayo sigue navegando, todavía hoy, con instrumentos del siglo pasado.

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