por Sergio Antonio Herrera

La pregunta que nos trasladaron parece sencilla: “¿Es razonable que estas secretarías de Estado destinen recursos a enseñar idiomas a sus funcionarios o, por la naturaleza de sus cometidos, esos conocimientos deberían exigirse como condición de ingreso?”

La respuesta, sin embargo, exige realizar algunas distinciones. Ni todos los funcionarios del Ministerio de Turismo trabajan en contacto con turistas u operadores internacionales, ni todos los empleados de Cancillería pertenecen a la carrera diplomática.

Ambas secretarías de Estado cuentan con personal administrativo, contable, jurídico, informático, técnico y de servicios. Para muchos de esos cargos, el conocimiento de inglés, portugués o francés puede resultar conveniente, pero no constituye necesariamente una condición indispensable para ingresar. Si posteriormente esos funcionarios son destinados a otras tareas, comienzan a atender público extranjero o pasan a desempeñar funciones de relacionamiento internacional, parece razonable que el organismo les proporcione la capacitación necesaria.

Una situación distinta es la de quienes ingresaron poseyendo determinado nivel y necesitan actualizarlo o perfeccionarlo. “No es lo mismo enseñar inglés elemental a un funcionario destinado a promocionar Uruguay en el exterior que financiar una capacitación avanzada a alguien que ya domina el idioma y necesita incorporar terminología técnica, diplomática, comercial o turística.”

También puede justificarse el aprendizaje de una segunda o tercera lengua. Un diplomático que ya acreditó inglés puede requerir portugués para desempeñarse en Brasil, francés para trabajar ante determinados organismos internacionales o incluso chino, árabe, ruso, alemán, italiano o japonés, según el destino y la responsabilidad asignada.

Del mismo modo, un técnico del Ministerio de Turismo puede necesitar perfeccionar su portugués para trabajar con nuestro principal mercado emisor o fortalecer su inglés para participar en negociaciones con aerolíneas, operadores, inversores, organismos internacionales y organizadores de eventos.

La formación puede comprender cursos básicos, certificaciones internacionales, especializaciones, posgrados o maestrías. En estos últimos casos, el Estado no estaría reparando necesariamente una carencia del proceso de selección, sino invirtiendo en la especialización de un funcionario que ya posee una formación profesional y lingüística adecuada.

Por eso, “la discusión no debería limitarse a determinar si el Estado puede pagar cursos de idiomas, sino establecer a quién capacita, desde qué nivel, para desarrollar qué función y mediante qué evaluación posterior de los resultados.”

El caso del Ministerio de Turismo

Durante 2026, el Ministerio de Turismo realizó una licitación para contratar capacitación presencial en inglés y portugués. El llamado comprendió cursos de inglés, en niveles básico e intermedio, para hasta 30 funcionarios, y de portugués, también en niveles básico e intermedio, para hasta 10. La carga prevista era de entre dos y tres horas semanales, con una duración máxima de diez meses.

La contratación inicial fue adjudicada por $409.500. La cifra de $819.000 difundida en redes sociales corresponde al costo posible si se utiliza la continuidad o prórroga prevista por otro período equivalente, pero no al desembolso inicial ya adjudicado.

No parece tratarse de un gasto desmesurado si se considera la cantidad máxima de beneficiarios y la duración de la formación. Pero el dato que merece atención es otro: los cursos incluyen niveles básicos.

Aquí la pregunta de los lectores adquiere especial pertinencia. Si los funcionarios seleccionados cumplen tareas administrativas que hasta ahora no requerían idiomas y serán preparados para asumir nuevas responsabilidades, la capacitación puede estar plenamente justificada. Si, en cambio, ya trabajaban en promoción internacional, atención a visitantes, inteligencia de mercados, ferias, conectividad o relacionamiento con operadores extranjeros, correspondería preguntar por qué fueron designados para esas funciones sin poseer previamente las competencias lingüísticas elementales.

El propio Ministerio ha realizado concursos para cargos especializados en los que estableció como requisito excluyente el First Certificate de inglés o su equivalente. Por tanto, existe la posibilidad de exigir idiomas cuando el perfil del puesto lo requiere.

“El punto no es imponer el inglés o el portugués a cada trabajador del Ministerio, sino definir qué cargos no pueden ser ocupados sin esos conocimientos.”

La diferencia de Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó en abril de 2026 una contratación anual de cursos de inglés, portugués y francés por $1.482.168.

La Alliance Française de Montevideo recibió una adjudicación de $316.800; el Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño, de $584.220; y el Instituto Cultural Anglo-Uruguayo, de $581.148.

La suma es sensiblemente superior a la contratación de Turismo, pero tampoco alcanza con publicar la cifra para concluir que existe un despilfarro. Debe conocerse cuántos funcionarios participan, qué niveles cursan, qué responsabilidades cumplen y qué resultados se les exigirán.

Existe, además, una diferencia fundamental: quienes ingresan a la carrera diplomática deben superar una prueba obligatoria y eliminatoria de inglés.

En el concurso de ingreso al Servicio Exterior de 2026, la evaluación comprendió expresión escrita, comprensión lectora, expresión oral y comprensión oral. Los aspirantes debían obtener un mínimo de 60 puntos para continuar en el proceso. El conocimiento de otras lenguas fue valorado como mérito.

Por consiguiente, “no sería correcto afirmar que Cancillería incorpora diplomáticos sin inglés y después utiliza recursos públicos para enseñárselo desde cero.” Los cursos posteriores pueden servir para mantener o perfeccionar el nivel, adquirir terminología especializada o incorporar otros idiomas de acuerdo con los destinos que deberá cubrir el país.

Cancillería también cuenta con funcionarios administrativos, profesionales, técnicos y de servicios que no pertenecen a la carrera diplomática. Para ellos, como ocurre en Turismo, las exigencias deberían guardar relación con las tareas concretas asignadas.

De los idiomas a los viajes

La controversia sobre los idiomas está estrechamente relacionada con otra crítica recurrente: los viajes de los funcionarios y, especialmente, de las jerarquías de los ministerios de Turismo y Relaciones Exteriores.

También aquí conviene escapar de la simplificación.

“Tan absurdo sería pretender que un Ministerio de Turismo promocione al país sin salir al exterior como imaginar que una Cancillería puede conducir las relaciones internacionales desde un escritorio en Montevideo.”

Viajar forma parte de las responsabilidades de quienes deben representar al país, participar en negociaciones, abrir mercados, relacionarse con gobiernos y organismos internacionales, atraer inversiones, reunirse con aerolíneas y operadores o presentar la oferta turística uruguaya.

El problema no es el viaje en sí mismo. El problema comienza cuando no se puede explicar quién viaja, por qué lo hace, cuál es su agenda, cuánto cuesta la misión y qué resultados concretos obtuvo Uruguay.

En Turismo cabe formular otra pregunta: “¿Se viaja porque existe una estrategia previa de mercados, promoción y conectividad, o la estrategia termina reducida a concurrir a ferias, mantener algunas reuniones y regresar con fotografías?”

Una misión internacional debería tener objetivos definidos, una delegación proporcionada, una agenda conocida, gastos razonables y una rendición posterior que permita evaluar los resultados.

Primera clase, clase ejecutiva o económica

Tampoco puede establecerse, como dogma, que todos los funcionarios deban viajar siempre en clase económica, cualquiera sea la distancia, la agenda o la responsabilidad que desempeñan. Pero sería igualmente inadmisible considerar que cualquier jerarca tiene derecho automático a viajar en primera clase por el solo hecho de ocupar un cargo.

La categoría del pasaje debería determinarse de acuerdo con la extensión del vuelo, las escalas, la duración total del desplazamiento, la necesidad de comenzar a trabajar inmediatamente después de llegar, la función ejercida y el nivel de representación asumido.

No es lo mismo un vuelo regional de corta duración que un viaje de muchas horas hacia Asia, Medio Oriente o Europa, seguido inmediatamente por reuniones, negociaciones o una intervención pública. Tampoco es idéntica la situación de un funcionario que integra una delegación numerosa a la de un ministro que encabeza una misión oficial y debe representar al país frente a sus pares.

“La austeridad inteligente no consiste en elegir automáticamente lo más barato, sino en utilizar los recursos necesarios —y solamente los necesarios— para cumplir adecuadamente el objetivo.”

El hotel también forma parte de la misión

Algo semejante ocurre con el alojamiento. Durante años existió en algunas delegaciones turísticas uruguayas la costumbre de alojarse en Madrid en establecimientos extremadamente modestos, incluso hostales, bajo la idea de que cualquier alternativa superior podía interpretarse como un privilegio.

Un representante del país no necesita necesariamente una suite ni un hotel de lujo. Pero tampoco siempre resulta conveniente que se aloje lejos del establecimiento donde permanecen sus pares, los operadores, los empresarios y las autoridades con quienes debe relacionarse.

Como señala habitualmente Ramón de Isequilla, “los grandes resultados de los congresos no se producen solamente dentro de las salas: muchas veces se construyen en los pasillos.”

Los contactos se generan durante el traslado desde el hotel hacia el evento, en el lobby, en el bar, durante el desayuno, en un ascensor o en una conversación fortuita. Quien queda alojado fuera de ese circuito puede ahorrar algunos dólares por noche y, al mismo tiempo, perder oportunidades cuyo valor para el país sería infinitamente superior.

Naturalmente, esto tampoco justifica elegir cualquier hotel ni pagar cualquier tarifa. La pregunta vuelve a ser funcional: ¿el alojamiento elegido facilita la agenda y el relacionamiento que justificaron el viaje, o responde únicamente a la comodidad personal del jerarca?

Una vieja experiencia en Miami

Una anécdota personal, ocurrida hacia 1978 o 1979, permite comprender hasta qué punto una investidura puede condicionar aspectos que generalmente se consideran secundarios.

En aquella época trabajaba en Club del Sol y viajé como tour conductor de un grupo integrado por ganadores de un sorteo organizado con Coca-Cola y los diarios de la capital. Era un contingente heterogéneo y, entre sus integrantes, se encontraba, en plena dictadura, un alto miembro civil del Consejo de Estado, una de las principales figuras del gobierno de facto, acompañado por su esposa.

Además del viaje a Estados Unidos obtenido mediante el sorteo, el matrimonio había contratado particularmente un crucero de fin de semana desde Miami hacia las Bahamas.

Al llegar a Miami, representantes de la compañía de cruceros me preguntaron si estaba previsto su traslado desde el hotel hasta el puerto y si yo los acompañaría. Les expliqué que no, porque el crucero constituía un servicio adicional que el pasajero había contratado directamente.

La respuesta fue inmediata: se trataba de una personalidad vinculada al gobierno uruguayo y, considerando las circunstancias políticas que atravesaba el país, la empresa entendía que correspondía contemplar determinadas condiciones de seguridad.

Cuando revisaron la reserva, descubrieron que el matrimonio había adquirido una de las categorías de camarote más económicas, ubicada en los niveles inferiores del barco. La compañía consideró que una persona con semejante investidura no podía ser recibida de esa manera sin afectar la imagen correspondiente a su posición.

Por decisión exclusiva de la empresa, le concedieron un upgrade a una suite Lanai, dispusieron un automóvil para trasladarlos al puerto y solicitaron que yo los acompañara hasta el embarque.

La esposa del funcionario me agradeció especialmente aquellas atenciones, suponiendo que habían sido gestionadas por mí. En realidad, todo había surgido de la propia compañía.

La historia no pretende reivindicar al gobierno de facto ni confundir un viaje privado con una misión oficial. Expone algo diferente: “hasta en los detalles aparentemente menores, las instituciones y empresas internacionales evalúan cómo viaja, dónde se aloja y cómo es recibido alguien identificado como representante de un Estado.”

No se estaba premiando la capacidad económica de aquel pasajero. Se estaba protegiendo la imagen asociada a su investidura.

Los viajes de Lubetkin

El caso del actual canciller Mario Lubetkin introduce una dimensión diferente y merece ser considerado especialmente.

Que un ministro de Relaciones Exteriores viaje es inherente a su cargo. Sin embargo, de acuerdo con la información publicada, entre marzo de 2025 y mayo de 2026 Lubetkin acumuló al menos 160 días en misiones oficiales, equivalentes a un promedio de 11,4 días mensuales fuera del país.

Viajó siete veces a Roma, ciudad en la que residía antes de asumir el cargo y donde se desempeñaba como subdirector de la FAO, y recibió viáticos correspondientes a 48 días en esa capital.

Sus misiones fueron justificadas por las relaciones con el gobierno italiano, las actividades de la FAO, los contactos con el Vaticano y las gestiones vinculadas con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, entre otros objetivos.

“Que un canciller viaje es normal; que un mismo destino concentre semejante frecuencia y cantidad de jornadas justifica solicitar explicaciones especialmente rigurosas.”

No corresponde concluir automáticamente que existió abuso. Pero tampoco alcanza con responder que viajar forma parte de las funciones del ministro. Deben conocerse las agendas completas, los costos efectivos, las razones por las cuales fue indispensable su presencia y los resultados diplomáticos, comerciales, económicos o institucionales obtenidos en cada misión.

La legitimidad de la representación no puede convertirse en un cheque en blanco.

La verdadera discusión

Idiomas, pasajes, hoteles y viáticos no constituyen necesariamente privilegios. En determinadas funciones son instrumentos imprescindibles para representar adecuadamente al país.

Pero tampoco pueden quedar librados a la discrecionalidad, la costumbre o la jerarquía.

“El problema no es estudiar ni viajar. El problema es gastar sin estrategia, seleccionar sin perfiles, viajar sin objetivos y regresar sin resultados verificables.”

Un organismo profesional debería establecer qué cargos requieren idiomas como condición de ingreso, qué funcionarios necesitan perfeccionamiento, cuáles son los mercados prioritarios, quién debe viajar, en qué categoría corresponde hacerlo, dónde conviene alojarse y qué informe deberá presentar al regresar.

Esto resulta particularmente aplicable a la futura Autoridad Nacional de Turismo que venimos proponiendo, dotada de un verdadero cerebro estratégico y de técnicos capaces de establecer objetivos, asignar recursos y evaluar resultados.

La profesionalización no consiste simplemente en gastar menos. “Consiste en saber por qué se gasta, utilizar lo necesario para representar dignamente al país y medir con precisión qué recibió Uruguay a cambio.”

Con humor, igual que en el cuento, "hay que organizarse"...

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