En Madrid, el Ayuntamiento ha impulsado el “Plan Reside”, que restringe la concesión de licencias a pisos turísticos ubicados en edificios residenciales del centro histórico. Solo se permitirá esta actividad en viviendas con accesos independientes y ubicadas en plantas bajas o primeras. El objetivo es garantizar que el uso turístico no interfiera con el residencial, especialmente en una ciudad donde se estiman más de 15.000 VUT ilegales.
En el caso de Valencia, según recoge El Mundo, optó por una moratoria de licencias desde mayo de 2024 para frenar el crecimiento, especialmente las ubicadas en bajos comerciales, que representan el 95% de los pisos legales. El Ayuntamiento quiere limitar su presencia al 2% del parque residencial por barrio. Mientras tanto, la Generalitat ha eliminado 11.000 viviendas del registro autonómico y limita la definición de VUT a estancias de hasta 10 días.
Una de las más duras es Barcelona, que no concederá nuevas licencias y no renovará las existentes a partir de noviembre de 2028 con el objetivo de erradicar los 10.101 pisos turísticos en la ciudad. El Ayuntamiento ha endurecido su postura tras recibir el respaldo del Tribunal Constitucional al decreto de la Generalitat que otorga a los consistorios la potestad de limitar estas actividades. Además, ha advertido a plataformas como Airbnb de posibles consecuencias legales si no retiran los anuncios ilegales en un plazo de 48 horas.
De igual manera, en Andalucía, Sevilla ha restringido licencias en el centro y Triana, y estudia ampliar el veto a otras zonas donde las VUT superen el 10% del total de viviendas. Actualmente, la Junta permite a los ayuntamientos establecer limitaciones justificadas, pero no aplicar moratorias generales.
En Baleares, el govern también ha reforzado el control sobre el alquiler vacacional. Está prohibida la creación de nuevas plazas en edificios plurifamiliares y se ha reducido el techo total de plazas turísticas. También se han aumentado los inspectores, endurecido las sanciones hasta los 500.000 euros y establecido incentivos para reconvertir pisos ilegales a uso residencial, con reducciones de hasta el 80% en las multas.
Por otro lado, en Aragón, en zonas de montaña como Jaca, Aínsa o Canfranc se han establecido límites al número de VUT por edificio y requisitos como acceso independiente o el consentimiento vecinal. En la región, la oferta de este tipo de viviendas se ha multiplicado por 20 en una década. En Zaragoza, sin embargo, el crecimiento ha sido más contenido y no se han planteado medidas restrictivas de gran alcance.
País Vasco también ha intensificado su regulación. San Sebastián mantiene una moratoria desde 2023 y limita nuevas aperturas en zonas saturadas. A nivel autonómico, se ha prohibido autorizar nuevas licencias en áreas urbanas tensionadas. En Galicia, Santiago ha dictado órdenes de cierre y multas por hasta 30.000 euros a pisos sin licencia, mientras que en Extremadura no se prevé una normativa específica, al considerar que el fenómeno no tiene aún un impacto significativo en su territorio.
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